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Seguridad - enero 21, 2020

El “impuesto del miedo” en El Salvador


La extorsión, mal denominada “renta” en El Salvador, se ha convertido en los últimos quince años en el delito que mantiene la economía criminal de las pandillas, llegando a convertirse lastimosamente en una característica socioeconómica y que forma parte de la vida diaria de los salvadoreños, de empresas, micro y pequeños empresarios, vendedores por cuenta propia y cualquier persona que desea emprender debe tarde o temprano que enfrentar una realidad: el momento donde se comuniquen con ella o él para exigir dinero. Esta extorsión ha avanzado tanto que en algunas comunidades, cantones, caseríos los pandilleros cobran por entrar o salir a lo que ellos denominan su territorio, situación que ejercen por medio de control territorial que les permite desplazar a los emprendedores; la forma de cobro y de exigencia es por medio de la amenaza, terror, miedo, diciéndole al emprendedor o familia que si no pagan los van a matar, y como usualmente sus negocios funcionan donde viven la situación es compleja.
Pero a nivel de la mediana y gran empresa las condiciones no son muy diferentes, solo que acá la amenaza cambia y es que van a matar a los empleados o flota si no pagan, o no dejan entrar a repartir los productos o servicios. Al final ese cobro de la extorsión lo pagamos todos en El Salvador, se traslada ese costo de esa cuota al bien o servicio, incrementando los precios de producción o distribución.
La extorsión es después del homicidio el delito que más daño y erosión causa al Estado de derecho en particular en El Salvador, Guatemala y Honduras, y en mi opinión la amenaza más importante para la seguridad por el número de muertes violentas que produce, incrementa los costos para hacer negocios y no permite la inversión a cualquier nivel, en especial en los micros y pequeños empresarios.
Durante la administración anterior de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del Lic. Fiscal Douglas Meléndez, se trató de subsanar la falta de una política de persecución penal contra el delito de la extorsión. Estaban los fondos de un cooperante listos y por vencerse, se licitó y entiendo que se adjudicó, pero durante todo el 2019 no se lanzó ni se divulgo dicha política; sería importante conocer el resultado de esa consultoría. En estas semanas es frecuente leer y escuchar a personas que ya tuvieron la oportunidad de servir desde el Ejecutivo y Legislativo, para combatir, proponer planes, políticas, estrategias, contra la extorsión, crimen organizado y pandillas, y no lo hicieron, o con pobres resultados que solo las potenciaron.
En el 2019 se registró un incremento en denuncias del 17.2% en sedes fiscales, con un promedio de siete denuncias diarias, lo cual considero es un mensaje de confianza y de esperanza en la FGR y PNC bajo la administración y acciones de los nuevos titulares y sus equipos. Es indispensable una política de persecución penal contra el delito de extorsión, acercar las posibilidades para denunciar, fomentar los asocio público privado con las buenas prácticas, destinar mayores recursos a FGR y PNC, garantizar las condiciones a víctimas y testigos, continuar la revisión de la ley especial, permitir la participación ciudadana, así como investigar el delito para una mejor comprensión, datos e indicadores para la toma de decisiones. Hagamos del 2020 el Año Contra la Extorsión por medio de una campaña nacional. Ya perdimos vidas, productividad e imagen como país, no esperemos ni nos acomodemos más.

Experto en seguridad y criminología.

https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/el-impuesto-del-miedo-en-el-salvador/678929/2020/

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