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Opinión - febrero 9, 2019

Garantías para nuestros policías y miembros de la Fuerza Armada


El Salvador atraviesa una crisis social excepcional, la situación de violencia e intolerancia es producto de una sociedad que ha privilegiado la violencia como método de resolver diferencias. Es evidente en la calle, colonias, pasajes, centros comerciales, semáforos, la falta de cortesía y de estimación por nuestro prójimo.

Entre los años 1999 y 2018 se registran más de 70,900 asesinatos, sin contar los primeros siete años luego de la firma de los acuerdos de paz, por lo que puedo opinar respaldado por la estadística que se han registrado más asesinatos en época de paz que los registrados durante toda la guerra civil.

Las agresiones armadas a los miembros de la primera línea de defensa de los ciudadanos los miembros de la PNC y FAES se han incrementado en los últimos cinco años; los promedios diarios de enfrentamientos para 2017 fue de 1.5 diarios, y el año anterior 0.9 lo que nos ubica en el nivel de agresividad del crimen organizado.

Existen las reformas a la legítima defensa para todos los ciudadanos, pero sería importante hacer énfasis que los miembros de la PNC y FAES por la coyuntura de los ataques del crimen organizado y pandillas, y vistas las cifras de enfrentamientos y ataques que reciben, su posibilidad diaria es altísima que tengan que defenderse, de igual forma cuando no están de turno y se transportan desde y hacia sus hogares los vuelve víctimas en el transporte colectivo, o los que disponen de medio de transporte propio comprado con grandes esfuerzos por su seguridad personal.

Mis sugerencias son cuando se vean involucrados en aspectos de legítima defensa es vital la participación y criterio del fiscal en la escena del delito, apoyado en las técnicas y experticias criminalísticas y la sana crítica, pueda emitir una opinión para que espere la audiencia en libertad; si existe alguna duda razonable pasar a la siguiente etapa en la cual los miembros de la PNC y FAES puedan ir a esperar las próximas setenta y dos horas en detención administrativa mientras se confirma mediante prueba técnica científica que pueda presentar en la audiencia inicial ante el juez.

La PNC y FAES han respetado como instituciones los derechos humanos, y las premisas de los acuerdos de paz, por lo que es conveniente continuar fortaleciendo todo lo que corresponda al irrestricto respeto a los derechos humanos, pero garantizando y apoyando a los miembros de ambas instituciones. Si existe una detención administrativa en espera de las pruebas técnicas científicas deben de esperar en sus instalaciones que deben estar dotadas de las condiciones adecuadas y no solo las mínimas, alimentación, comunicación, visita de sus familiares, defensa por el Estado, camas adecuadas, entre otros, no hacerlos sentir como criminales sino como lo que son, servidores de los ciudadanos. No podemos, ni debemos darles la espalda a nuestros servidores, partiendo que actuaron en defensa propia y con el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

El Estado salvadoreño debe respetar y garantizar el principio de inocencia, y ahora que el nuevo fiscal general de la República, Dr. Raúl Melara, se ha comprometido con la Nación en este tema es oportuno el llamado, ya que se convierte en garante de la legalidad.

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