Desapariciones forzadas: de fosas clandestinas a Control Territorial

Por Dr. Ricardo Sosa / 30 de agosto del 2026

Criminólogo / @jricardososa

Cada 30 de agosto de todos los años se conmemora el «Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas», fecha establecida formalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. Su propósito central es visibilizar este crimen continuo, exigir rendición de cuentas y acompañar a las familias en su búsqueda de verdad y justicia. Esta fecha ha evocado la memoria de regímenes autoritarios y terrorismo de Estado en especial en América Latina. Sin embargo, la criminología contemporánea nos obliga a observar cómo El Salvador redefinió trágicamente este fenómeno. Durante décadas, el secuestro y ocultamiento sistemático de cuerpos torturados y asesinados no provino únicamente de actores políticos tradicionales, sino de estructuras de delincuencia organizada: las pandillas criminales. Agosto del 2026 frente a la casi total erradicación de este delito en el país por parte de estas estructuras criminales, resulta vital analizar este cambio de paradigma desde la arquitectura de la seguridad pública.

Para las pandillas criminales de la MS-13 y el Barrio 18, y otras denominaciones criminales, desaparecer a una persona nunca fue un daño colateral; era una manifestación del poder, dominio, control que se les permitió y concedió en dos gobiernos del partido FMLN. Criminológicamente, la desaparición a manos de pandillas cumplía una función operativa múltiple. Primero, instauraba un terror psicológico insuperable, paralizando a comunidades enteras que habitaban sobre verdaderos cementerios clandestinos. Segundo, manipulaba la estadística criminal y evadía el aparato judicial bajo la macabra y absurda premisa de que «sin cuerpo, no hay delito». Esta dinámica disparó la cifra negra de la criminalidad, dejando a miles de familias salvadoreñas en un profundo limbo jurídico y emocional, un tremendo impacto en la salud mental de las familias victimas.

El actual escenario de El Salvador demuestra una máxima fundamental de la seguridad pública: el crimen sistemático requiere ecosistemas territoriales permisivos. La drástica caída en las tasas de desaparición forzada de personas o el deleito de desaparición de personas, no ocurrió por un cambio moral en los victimarios, sino por la anulación de su capacidad operativa y logística. Al arrebatarles el control físico de los barrios, colonias, cantones, caseríos. El gobierno por medio de la PNC y Fuerza Armada, trabajando en equipo y articulando esfuerzos con la FGR, desmantelaron la infraestructura de impunidad que permitía a estas redes operar a plena luz del día. Es la recuperación del monopolio de la fuerza legítima y del territorio por medio de las Instituciones de la seguridad y justicia lo que ha asfixiado la operatividad de estas mafias.

Avanzar exige comprender que el éxito en el combate frontal es una primera fase invaluable. La neutralización de la violencia pandillera ha devuelto el derecho ciudadano a transitar libremente, pero la consolidación de esta paz requerirá que las políticas de seguridad se sostengan sobre instituciones fuertes y prevención-trabajo comunitario. Asimismo, la conmemoración de este 30 de agosto cobra un nuevo significado: celebrar el fin de las desapariciones cotidianas, mientras se mantiene el compromiso de localizar a las víctimas del pasado para cerrar el ciclo de duelo de la sociedad y del macro juicio contra los cabecillas de la MS-13 que será conocido en los próximos días, donde se conocerá el fallo contra estos criminales que ordenaron ocultar y enterrar cuerpos, entre ellas una fosa clandestina en el distrito de Nuevo Cuscatlán que la PNC y FGR por medio de investigación especializada lograron ubicar y desarrollar todo el trabajo de exhumación forense en el año 2022 con la dirección de la investigación por los titulares actuales. Y ahora hacer justicia sobre las víctimas, después de tantos años de impunidad. El trabajo sin descanso de todo el talento humano de la PNC, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República y el apoyo forense del Instituto de Medicina Legal IML han sido determinantes para cambiar la realidad, de acuerdo a la Política Criminal vigente por parte del gobierno y su estrategia Plan Control Territorial.

El Salvador ha logrado extinguir la operatividad criminal que alimentaba una de las peores tragedias de su historia en especial del 2010 al 2019. El fin de esta pesadilla estadística y humana demuestra que cuando un gobierno desarticula la gobernanza del crimen, el terror retrocede. No se puede negar que existen reportes y avisos de personas desaparecidas que en las primeras horas por medio de la investigación especializada de la PNC y FGR se logra determinar que eran «ausencias voluntarias» no violencia o criminalidad de por medio. El Salvador destaca como un caso de estudio criminológico sobre cómo el despliegue efectivo de la seguridad pública puede, finalmente, disipar las sombras de las desapariciones de personas. Se acabo el terror de las pandillas criminales.