Las municipalidades y la convivencia ciudadana

Ricardo Sosa

El código municipal establece que los municipios en El Salvador constituyen la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal establecida en un territorio que le es propio, y que estará organizado jurídicamente pero además regulará las contravenciones administrativas para la convivencia ciudadana, en la ley como letra es un excelente concepto y recurso, los legisladores pensaron en el espíritu de ayudar a los alcaldes y alcaldesas a que sus municipios tuvieran una educación y cultura de convivencia ciudadana y prevención de violencia social. En la práctica, en la mayoría de municipios no hay orden, respeto, armonía, solidaridad, tranquilidad sin descuidar la resolución alterna de conflictos.

Muchos alcaldes y alcaldesas se han quedado esperando que el órgano ejecutivo les resuelva sus problemas que se originan en sus colonias, barrios, comunidades, cantones, caseríos y que ocurren día a día, cuando tienen recursos de ley que no los utilizan, los desconocen o existe indiferencia para resolver problemas. La intolerancia y conductas violentas se originan en la comunidad, inician con pequeñas acciones en las cuales hay una falla inicial en la organización comunitaria, llámese Adescos, juntas directivas, comités o mesa de vecinos, ya que no existen o no se cumplen las normas de convivencia o reglamentos que pueden normar un pasaje, senda, calle que son esas normas que la mayoría de residentes en reunión general o asamblea de vecinos decidieron que se implementaran para la sana convivencia, en ausencia el municipio si cuenta con estas normas, pero en ambos casos no se cumplen, existen fallas y no se trabaja en prevención.

Algunos ejemplos prácticos son la violencia intrafamiliar, música estridente, problemas de parqueos, basura, mascotas que andan en los pasajes y calles sin la supervisión de sus propietarios, fiestas hasta altas horas de la noche, iglesias con altos parlantes, venta de bebidas alcohólicas en puntos no autorizados y en días y horas no hábiles, negocios que operan en las casas de habitación entre otros, que en muchos casos generan situaciones de violencia verbal, física, amenazas, lesiones o incluso asesinatos y feminicidios.

Si las municipalidades juegan un papel activo y asumen el compromiso con sus habitantes y votantes, muchas cosas comenzarían a cambiar a nivel nacional, y que la “Ley marco para la convivencia ciudadana y contravenciones administrativas” proporciona toda la regulación y disposiciones, pero en la práctica no se cumple, son pocas las municipalidades que cumplen esta ley y le han brindado prioridad en los consejos municipales, si lo hicieran se proporcionaría a los ciudadanos una educación de cultura ciudadana que incremente el respeto entre los habitantes, normas de convivencia, resolución pacífica y alterna de conflictos, fomentaría la participación ciudadana en la solución de sus problemas en su comunidad, y de igual manera en prevención de la violencia.

El artículo número diez de dicha ley establece la figura del delegado contravencional municipal que tendrá  entre otras atribuciones la solicitud y respuesta de resolución alternas de conflictos, recibir denuncias o avisos de contravenciones cometidas, iniciar procedimientos sancionatorios, indagar sobre hechos denunciados, imponer sanciones, rendir informes mensuales al consejo municipal; muy pocas alcaldías lo tienen nombrado, en un porcentaje de treinta y cinco por ciento de las 262 alcaldías municipales, en muchas de las municipales le delegan al síndico o a un colaborador jurídico lo que no les permite brindarle la importancia y atención que el municipio necesita.

En este momento el país requiere que los alcaldes y alcaldesas asuman el liderazgo y puedan apoyar desde la unidad básica territorial en prevención de violencia y cultura de paz, necesitamos que se cumpla y se aplique esta ley, y es una responsabilidad de los alcaldes combatir, prevenir la violencia social y promover la seguridad ciudadana; el inicio de los delitos que son las faltas no se están atendiendo y esas seguramente se convertirán en delitos, saturando el sistema judicial y cárceles del país o quedarán en impunidad.